Salud sexual y reproductiva: lo que el Estado peruano aún le debe a sus adolescentes.

  La salud sexual y reproductiva no debería ser un privilegio. Es un derecho. Y el Estado peruano tiene la responsabilidad legal, constitucional y ética de garantizar que todas y todos los adolescentes puedan acceder a servicios de calidad, sin prejuicios ni barreras.

Como señala el investigador González-Cuadros JR, el Estado está obligado a implementar medidas concretas: desde normas y políticas públicas hasta campañas informativas, todo con el fin de proteger y promover el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva.


Pero la realidad, especialmente en las zonas rurales y amazónicas del Perú, está muy lejos de ese ideal.

Muchas adolescentes simplemente no tienen cerca un centro de salud. Y cuando lo tienen, se enfrentan a otras barreras: personal sin capacitación, juicios morales, falta de privacidad e incluso requisitos injustificados como la presencia obligatoria de un adulto para recibir orientación o anticonceptivos. Todo esto no solo es injusto, también es una violación de sus derechos.

El consentimiento informado, la confidencialidad y el trato digno no deberían ser la excepción, sino la norma. Sin embargo, aún hoy, muchos servicios de salud reproducen estigmas que desalientan a las adolescentes a buscar ayuda o información.

Según estándares internacionales de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de asegurar que estos servicios cumplan con cuatro principios clave: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y eso significa invertir más en salud pública, capacitar de manera continua al personal, crear campañas sostenidas de información, y asumir un compromiso político real con la equidad.

No se trata solo de entregar preservativos o abrir consultorios. Se trata de construir una sociedad donde las y los adolescentes puedan tomar decisiones informadas, seguras y libres sobre su propio cuerpo y su futuro. Y para que eso sea posible, el Estado tiene que estar presente, no solo en el papel, sino en la vida real de las personas.

Hablar de salud sexual y reproductiva no es polémico, es urgente. Y protegerla no es opcional, es un deber.

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